La historia inacabada de una iniciativa de ley
Los hijos se enfrentan a Bé
San José, (10 Set).- El proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas ingresó a trámite en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales en 1994. Desde entonces esta máxima aspiración de los pueblos originarios da vueltas en el seno de la Asamblea.
En sus quince años de incubación ha sido blanco de mociones, que bien que mal, terminaron por enriquecerla y convertirla en una iniciativa de Ley integral.
Contrariamente a lo que dicen sus detractores, el proyecto de Ley se gestó bajo el amparo jurídico nacional e internacional.
Desde su admisión en la Comisión, la iniciativa fue consultada varias a veces a los pobladores originarios de los 24 territorios indígenas del país, cumpliéndose con una obligación de ley de carácter supranacional.
Costa Rica es signatario del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169 de la OIT) desde 1992. Según Ley Nº 7316.
Este Convenio obliga a los Estados a consultar a sus pobladores originarios acerca de acciones legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.
El proyecto de ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, es además la primera y la única iniciativa indígena que persiste en la corriente legislativa.
La gesta por la reivindicación indígena sentó sus antecedentes en 1988 con la iniciativa de Ley denominada “Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas”. Fue emprendida sin éxito por la entidad estatal indigenista CONAI y líderes indígenas.
La aprobación del Convenio 169 motivó a la Mesa Nacional Indígena (MNI) a presentar el proyecto de ley que hoy nos convoca y que pernocta en las ciénagas de la Asamblea Legislativa.
La propuesta de ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indigenas fue adoptada por el legislador José Velásquez Acuña, quien la presentó en 1994.
En 1997 los diputados de la Comisión consultaron por primera vez el proyecto de Ley a los habitantes originarios y a las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena, a través de talleres y un Congreso Nacional.
Según consta en expediente legislativo 12.032 de 1997, 3 mil 600 indígenas participaron de los talleres, mientras que 32 líderes asistieron al congreso.
Si bien hubo legitimidad, la consulta careció del principio de “efectividad” contemplado en el Convenio 169 de la OIT, por no proporcionar información previa a sus consultados. La omisión sería superada años después.
Esta consulta contó con observadores como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), la Defensoría de los Habitantes, El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La metodología de esta primera consulta, su facilitación logística, operativa y financiera estuvo a cargo de la Comisión parlamentaria.
Para 1998 el proyecto de Ley, en ese entonces expediente 12.032, recibió la votación afirmativa unánime del Plenario Legislativo en primer debate y la resolución favorable por parte de la Sala Constitucional ante una consulta Facultativa de Constitucionalidad.
No obstante la aparente legitimidad jurídica, la iniciativa de Ley sufre su primer revés. La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) adversa el proyecto, provocando su archivamiento en el 2000.
El capítulo XIII artículo 66 del proyecto de Ley, reza: “Deróguese la ley de creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI (….)”.
Al año siguiente el proyecto de Ley es rescatado por gestión del diputado Walter Robinson con el número de expediente 14.352. No obstante se produce un segundo anclaje al no llegar a acuerdos para la realizacion de la consulta.
En el 2005, próximo a vencerse el periodo cuatrienal del proyecto, dirigentes de la Mesa Nacional Indígena (MNI) persuaden a la diputada María Elena Núñez, logrando que en votación del plenario y por unanimidad se renueve su plazo legislativo.
A partir de entonces, líderes indígenas de las ocho etnias originarias representadas en la MNI, junto a asesores legislativos y simpatizantes pro indígenas prepararon una estrategia para la aprobación del proyecto. Misma que continúa bregando en la Asamblea. Continuará...
Nota: La información aquí detallada es producto de la investigación personal de la autora, mediante el acceso a fuentes escritas y orales; consultas a diputados, líderes indígenas, asesores legislativos, asi como a protagonistas varios que adversan la causa de "los hijos de Sibú".
Los hijos se enfrentan a Bé
San José, (10 Set).- El proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas ingresó a trámite en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales en 1994. Desde entonces esta máxima aspiración de los pueblos originarios da vueltas en el seno de la Asamblea.
En sus quince años de incubación ha sido blanco de mociones, que bien que mal, terminaron por enriquecerla y convertirla en una iniciativa de Ley integral.
Contrariamente a lo que dicen sus detractores, el proyecto de Ley se gestó bajo el amparo jurídico nacional e internacional.
Desde su admisión en la Comisión, la iniciativa fue consultada varias a veces a los pobladores originarios de los 24 territorios indígenas del país, cumpliéndose con una obligación de ley de carácter supranacional.
Costa Rica es signatario del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169 de la OIT) desde 1992. Según Ley Nº 7316.
Este Convenio obliga a los Estados a consultar a sus pobladores originarios acerca de acciones legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.
El proyecto de ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, es además la primera y la única iniciativa indígena que persiste en la corriente legislativa.
La gesta por la reivindicación indígena sentó sus antecedentes en 1988 con la iniciativa de Ley denominada “Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas”. Fue emprendida sin éxito por la entidad estatal indigenista CONAI y líderes indígenas.
La aprobación del Convenio 169 motivó a la Mesa Nacional Indígena (MNI) a presentar el proyecto de ley que hoy nos convoca y que pernocta en las ciénagas de la Asamblea Legislativa.
La propuesta de ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indigenas fue adoptada por el legislador José Velásquez Acuña, quien la presentó en 1994.
En 1997 los diputados de la Comisión consultaron por primera vez el proyecto de Ley a los habitantes originarios y a las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena, a través de talleres y un Congreso Nacional.
Según consta en expediente legislativo 12.032 de 1997, 3 mil 600 indígenas participaron de los talleres, mientras que 32 líderes asistieron al congreso.
Si bien hubo legitimidad, la consulta careció del principio de “efectividad” contemplado en el Convenio 169 de la OIT, por no proporcionar información previa a sus consultados. La omisión sería superada años después.
Esta consulta contó con observadores como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), la Defensoría de los Habitantes, El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La metodología de esta primera consulta, su facilitación logística, operativa y financiera estuvo a cargo de la Comisión parlamentaria.
Para 1998 el proyecto de Ley, en ese entonces expediente 12.032, recibió la votación afirmativa unánime del Plenario Legislativo en primer debate y la resolución favorable por parte de la Sala Constitucional ante una consulta Facultativa de Constitucionalidad.
No obstante la aparente legitimidad jurídica, la iniciativa de Ley sufre su primer revés. La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) adversa el proyecto, provocando su archivamiento en el 2000.
El capítulo XIII artículo 66 del proyecto de Ley, reza: “Deróguese la ley de creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI (….)”.
Al año siguiente el proyecto de Ley es rescatado por gestión del diputado Walter Robinson con el número de expediente 14.352. No obstante se produce un segundo anclaje al no llegar a acuerdos para la realizacion de la consulta.
En el 2005, próximo a vencerse el periodo cuatrienal del proyecto, dirigentes de la Mesa Nacional Indígena (MNI) persuaden a la diputada María Elena Núñez, logrando que en votación del plenario y por unanimidad se renueve su plazo legislativo.
A partir de entonces, líderes indígenas de las ocho etnias originarias representadas en la MNI, junto a asesores legislativos y simpatizantes pro indígenas prepararon una estrategia para la aprobación del proyecto. Misma que continúa bregando en la Asamblea. Continuará...
Nota: La información aquí detallada es producto de la investigación personal de la autora, mediante el acceso a fuentes escritas y orales; consultas a diputados, líderes indígenas, asesores legislativos, asi como a protagonistas varios que adversan la causa de "los hijos de Sibú".
Natalia,
ResponderEliminarExcelente trabajo. El Blog esta muy bien y la informacion.Gracias por compartirlo.